Por Sin Reservas
La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocamaras), realizó una asamblea en el municipio Hato Mayor, donde rechazó un proyecto de ley que cursa en la Cámara de Diputados, que busca aplicar el 20% a la fabricación de los bebidas azucaradas, lo que perjudicará grandemente a las empresas, pero aseguraron que a quien perjudica más es a los pobres.
El presidente del organismo, Claudio Fernández, sometió al plenario, integrado por 26 presidentes de Cámara de Comercio de todo el país, las propuestas hechas por el empresario y productor de cítricos, Ricardo Barceló Salas, consistente en el rechazo a la importación de leche y al aumento del 20% a las bebidas azucaradas, las cuales fueron aprobadas a unanimidad.
“Este proyecto solo sirve para ser un instrumento recaudador, porque la obesidad en el país no por asunto de bebidas gaseosas, como se quiere hacer ver”, expuso Barceló.
“Los autores de este proyecto de ley, están tratando de extrapolar problemas de otros países, porque no es verdad que las bebidas gaseosas, porque se han hechos los estudios, no producen obesidad”, significó el empresario y presidente de la Cámara de la Comercio de esta provincia.
“Nosotros, los que vivimos del campo, que conocemos el campo, sabemos cómo se maneja muchas veces el hambre en el campo y barrios marginados, donde muchas personas para desayunarse, toman un vaso de agua de azúcar con un pan, y eso es parte de su nutrición”, reiteró Ricardo Barceló.
Asimismo condenó las importaciones y venta de leche a granel y sus derivados, en perjuicio de los productores nacionales. Denunciaron que han llegado a la conclusión de que se está trayendo del exterior no es leche, sino un simulacro, que puede afectar la salud de miles de dominicanos, que la consumen desde cualquier establecimiento comercial de barrios.
Dijo que estas importaciones están lacerando la producción y la industria láctea, recordando que muchos de los productos lácteos que llegan al país vienen sin el etiquetado, lo que evidencia que no hay un control calidad, exigiendo al ministerio de Salud Pública que lo ponga.
Por otra parte, Barceló, exigió la construcción de la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar y la de los sistemas sanitarios de todos los municipios de la provincia, lo cuales colapsaron por acción del tiempo y vicios de construcción.
Fedocamaras, planteó que el gobierno busque una salida inmediata al problema inmobiliario, que consideraron se ha tratado de buscar una solución virtual, pero no real.
Al propio tiempo rechazaron la resolución por inconveniente, tras explicar que entre actos de alguacil, notificaciones, trabajo de agrimensura, provocan gastos sobre los $40.0 millones de dólares. Dijo que de aceptar las imposiciones, los empresarios tendrían que pagar en cuatro años sobre los 200 millones de dólares.
“En vez de estar avanzando en la solución de los problemas de la jurisdicción inmobiliaria, estamos echando hacia atrás», aseguraron.
Explicaron que las últimas resoluciones dada por el Tribunal de Tierra, no soluciona en nada el problema inmobiliario, tras explicar que cualquier agrimensor puede disponer de la tierra superpuesta.
