Marcha Verde en rojo

Por Guillermo Cifuentes

“La fuerza de la Marcha Verde está en su reivindicación del Fin de la impunidad, que es suficientemente amplia, convocante y unificadora como para “descomponerla” en solicitudes incomprensibles”. 6 de septiembre de 2017.

Los mayores y los más nostálgicos deben recordar aquello de que a los movimientos sociales los define una “contradicción estructuralmente secundaria”. En el caso de la Marcha Verde, esa negación se expresa en la corrupción, el mal uso de los recursos públicos, la comisión de actos ilegales por funcionarios del Estado y -aunque no sea exhaustivo- el financiamiento ilegal de varias campañas electorales por parte de empresas extranjeras, todo en la impunidad más absoluta. Ya a pocos y pocas les quedan dudas respecto de que las inmensas movilizaciones han sido motivadas por la no aplicación de la ley y por falta de sanciones administrativas y políticas por parte de las autoridades del Estado a quienes aparecen como responsables de esos delitos cuya existencia no está en discusión hasta la fecha que escribimos.

Sin duda no es creíble que alguien esperara que esto cambie sin presión social y resulta altamente importante volver la mirada a lo que está ocurriendo.

Los esfuerzos de los activistas verdes han cambiado su horizonte: ahora van tras un “programa” con contenidos que parecen más cercanos a un programa político. En circunstancias similares la experiencia histórica evidencia que la tendencia a la fragmentación será inevitable.

Y no se requiere recurrir a tratados de política, ni a imaginarias erudiciones, simplemente se pueden intentar algunos ejercicios, muy sencillos. El fin de la impunidad fue el motivo de las grandes concentraciones de los meses pasados, pero a juzgar por lo anunciado parece que para las próximas, hará falta algún acuerdo mayor pues al fin de la impunidad a partir de ahora se le deberá agregar estar de acuerdo con el cambio constitucional, ya sea por asamblea constituyente o por asamblea revisora. Habrá, además, que compartir algunas de las muchas alternativas que aparecerán acerca de cómo la asamblea constituyente debería conformarse, resultando un aprendizaje acerca de la diferencia entre los movimientos sociales y los partidos políticos que ante este tipo de diferencias tienen como toda organización permanente formas de proteger la institución y el patrimonio “ideológico” común. En los movimientos sociales, a medida que se les incorporan nuevos ingredientes las cosas se resuelven de manera mucho más sencilla y lamentable: con la fragmentación y con la desmovilización.

Otro ejemplo de las nuevas preocupaciones de los verdes, es la salud. Se han hecho grandes apologías a la presencia de la “clase media” en las calles verdes y no cabe duda de que si eso es cierto las soluciones que se propongan para el tema van a dividir, pues las “clases medias” además de enfermarse menos, solo aspiran a no tener que caer en un hospital público y a que algún seguro les ayude a mal pagar una sala con tele en un clínica privada. Los que marchen ahora por el fin de la impunidad deberán compartir el programa de salud verde.

No será distinto para otras reivindicaciones o para el abordaje de otros grandes problemas sobre los que hay propuestas: seguridad ciudadana, educación, pobreza y justicia independiente.

Y claro, se lanzaron a enfrentar temas que en colectivos con las características de un movimiento social no podrán resolverse. Con el agravante de que alguien deberá hacerse responsable de la desmovilización y de la fragmentación y no podrán cargarle la culpa a la “oposición”, pues en primer lugar no la tiene. Lo que están haciendo -con un fuerte componente ideológico de ong- es retrasar el surgimiento de alternativas políticas que son al fin de cuentas las que tienen que procesar esta suma de problemas y transformarlos en un programa político.

Hemos dicho antes que la principal debilidad de la Marcha Verde, es que los apoyos políticos son muy débiles, además de que la presencia inevitable de los partidos en los movimientos sociales, y también en la marcha verde, debió significar asumir que las diferencias políticas, especialmente respecto a la incorporación de nuevas reivindicaciones, son temas que deben acordar las organizaciones políticas. El movimiento social en mi opinión eligió el peor camino: intentar resolver conflictos políticos dentro de una organización de activistas sociales, aumentando la batería de motivos y consiguientemente dejando desvanecer la principal fuerza de un movimiento social, su masividad. No hará falta mucho tiempo para conocer el desempeño de los nuevos y viejos actores y el resultado de sus acciones.

No es preciso ahondar mucho para entrever que todo tiene un libreto conocido: las movilizaciones sociales parecen estar pautadas de antemano, cuando llega la hora de la política aparece la cultura neoliberal donde los colectivos que habían conseguido serlo con la lucha por el fin de la impunidad se tornan sumas de individuos que no reclaman ejercer derechos, sino esperan servicios de salud, educación o seguridad. Discuten cómo se gastaría “mejor” (que me den lo mío) el presupuesto o los 93 millones de dólares de los sobornos de Odebrecht abandonando la idea de que deben ser sancionados los corruptos lo que es parte de la función del Estado.

Las consecuencias de todo esto, serán la suma de un nuevo traspié. Observemos, por favor observemos, como funciona el Estado, el Sistema Político. Del gobierno, luego de todo lo marchado, no ha renunciado ni un conserje y si lo hiciera, es prácticamente imposible que sea elegido para formar parte de la asamblea constituyente que no será convocada, ni gozará de una pensión decente gracias a las AFPs, ni podrá salir a la calle tranquilo, ni lo atenderán en un hospital público.

Lo peor de todo esto es que también ronda la sospecha de que se sabe que la movilización que perseguía el fin de la impunidad, ha quedado en segundo plano y los estrategas no asumieron que les estaban marcando el trillo que conducía inexorablemente a un aumento de la conflictividad ante la nula aplicación de la ley y la falta de sanción a los responsables. Tuvieron que elegir: radicalizar las acciones o aumentar las reivindicaciones, hicieron lo peor.

Aparecieron, también, los cívicos y su fobia ideológica a la política (su biogenética).

Cuando las potencialidades democratizadoras de los movimientos sociales o populares tienden a poner siquiera una alerta, aparecen los cívicos en forma de comunicadores, de veedores, de dueños de fundaciones, de expertos en nada y de respetables sin motivo. Ellos, que marcaron el deambular hacia la democracia dominicana, sin conseguirla, desde septiembre de 1963, no van a tardar en transformar a la marcha verde en una “nueva iniciativa” que solo servirá en unos años para aumentar la lista que resume la sucesión de intentos fallidos.

Esta vez no fue necesario un nuevo borrón y cuenta nueva, ni declarar ostentosamente que los presidentes no se tocan o tirar una piedrecita para atrás, ahora queda mejor una Asamblea Constituyente, para postergar el fin de la impunidad.

cifuentes.guillermo@gmail.com

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