Por Guillermo Cifuentes
“El peor maestro es el maestro con miedo”. Gabriela Mistral
En abril de 2013, escribí un artículo con este mismo nombre y con motivaciones parecidas, comenzaba con este enunciado: “En la experiencia latinoamericana hay dos tipos de actores relevantes en la destrucción de la educación pública: las dictaduras militares y los consultores”.
Cinco años después volvemos motivados por el conflicto entre la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la evidente coincidencia del Ministerio de Educación (MINERD) y la Acción Empresarial para la Educación (EDUCA) que ha provocado una huelga de profesores. Sin siquiera tocar las diferencias que parecen estimular el conflicto y sobre las que el ministro de Administración Pública, le dio ganancia de causa a los profesores al aconsejar buscar una reforma de la Ley Orgánica de Educación 66-97 citando a los artículos motivo de discordia y que se determinen con claridad las atribuciones y cuándo y cómo estas se ejercen.
No dejan de llamar la atención, en la campaña de descrédito a la organización magisterial, las opiniones firmadas por personas con “currículo” acerca de cuál derecho es más importante, si el derecho a la educación o el derecho a huelga, deben cuidarse pues ahora lo que se dice y se escribe lo leen en todas partes. Con los años uno aprende que los motivos de una huelga siempre van a ser insuficientes y la paralización una medida monstruosa para empresarios y altos funcionarios de gobierno, siempre es así y esa reacción no tiene que ver con la justicia de la causa que la motiva.
Aquí vale recordar que la avalancha mediática irresponsable, sobre todo porque afecta a los maestros y porque faltó a la verdad, no tuvo misericordia. Es la hora que rectifiquen aquellos que prefieren que las autoridades educativas las elijan grupos de presión de acuerdo con el ministro o la selección se haga por Concurso como piden los docentes.
Pero vamos entonces a los derechos, ambos, la educación y el derecho a huelga son derechos que el Estado dominicano reconoce y debe promover su plena vigencia, repito, el Estado dominicano, no la ADP, por lo tanto cuando se llega a extremos por la ineficacia o el abuso de autoridad el único que puede poner en duda el derecho a la educación es el Estado en tanto firmante de pactos internacionales que lo obligan, por lo que debe hacer esfuerzos por evitar que los profesores interrumpan las clases que es distinto de violar un derecho. Aunque le busquen, eso es así.
Acerca del ejercicio frívolo de cuál es el derecho más importante, resulta eso, una frivolidad, pues no hay derechos “más importantes” y no se puede llegar al absurdo de recurrir a un fallo de un Tribunal de Barahona, eso lo saben los que saben de Derechos Humanos y los organismos internacionales.
Pero más allá de la puesta en escena de una comisión de expertos o un concurso público ¿qué es lo que hay tras esto y cómo debieran mirar lo que viene los profesores?
En primer lugar cualquiera sea la forma que evolucione el conflicto los profesores deben cuidar sus movilizaciones de manera que no afecten el asunto fundamental que parece oculto: la defensa y fortalecimiento de la educación pública y gratuita (los que no son partidarios de esa educación, esos si están afectando el derecho a la educación). Nadie puede dejar de observar que la educación pública dominicana está en dificultades, la Universidad del Estado en crisis permanente, un Concordato que entrega la educación a la Iglesia Católica y el empresariado que parece que quiere lo que quede. Los profesores mirando desde la acera, los padres no se enteran y los alumnos tampoco. Como se podrá ir comprobando el 4% era absolutamente insuficiente, no por 4, sino por insuficiente.
Esta agresividad contra la ADP me ha hecho evocar la huelga de los mineros del carbón provocada por la Thatcher desde el 12 de marzo de 1985 cuando de improviso anunció el cierre de las minas de Cortontwood en cinco semanas cuando se había comunicado que estas cerrarían en cinco años. Denise Fitzpatric, esposa de minero y madre de cinco hijos, tres de ellos mineros, describió la situación: “Mientras nosotros sólo luchamos por nuestros trabajos, esa mujer nos quiere quitar todos nuestros derechos.” El éxito de la Thatcher nada tuvo que ver con la rentabilidad de los yacimientos de carbón, su objetivo final era eliminar los sindicatos que resultan una permanente molestia cuando de aplicar medidas neoliberales se trata. La privatización y el lucro en educación pueden estar perfectamente conectadas con debilitar y hasta eliminar una organización sindical con la que se pueden tener diferencias, pero cuya presencia es una necesidad como expresión de derechos y de avances sociales y políticos. Esto debe ser especialmente atendido pues la ADP es la organización gremial más grande que actúa en el estropeado mundo sindical.
¿Y si el objetivo no fuera solamente la ADP? El “filete” es sin duda el Instituto de Bienestar Magisterial (INABIMA) al que quieren liquidar cayéndole a la ley 451-08 porque el pago de pensiones “no es sostenible” y hay que “aprovechar la oportunidad de hacer reformas estructurales” (el idioma es del Consenso de Washington) y ahí “queridos colegas” si no se defienden y defienden sus derechos van a saber que “el gas pela”.
Conocen ustedes de mi predilección por la política comparada y si quieren saber adónde se llega cuando se habla de “reformas estructurales”, vean lo que significaron para los chilenos “las modernizaciones”. La educación fue una de ellas y en marzo de 1979 el dictador escribía que el Estado “centrará el énfasis en la educación básica y, a cualquier costo, cumplirá su deber histórico y legal de que todos los chilenos, no sólo tengan acceso a ella, sino que efectivamente la adquieran y así queden capacitados para ser buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos patriotas.” Respecto de la filosofía de las reformas de la dictadura Carlos Ruiz Schneider en un artículo titulado “Educación, mercado y privatización” se refiere a dichos del ministro de educación de Pinochet, Alfredo Prieto: “el principio fundacional de las políticas educacionales del régimen militar es el principio de subsidiariedad, que deriva de la tradición filosófica católica. La subsidiariedad apunta fundamentalmente a la idea de que el Estado debe velar sólo por el bien común de la sociedad, lo que supone un respeto por el cumplimiento de los fines propios de los organismos sociales intermedios como las familias, las organizaciones gremiales y comunales. El Estado no debe, en esta perspectiva, intentar sustituirse a ellos, salvo en el caso de que estas organizaciones se vean imposibilitados de realizar sus fines por su cuenta.” Pueden ir apostando sobre el destino de la educación pública dominicana en un contexto en donde abundan los patronatos, los pactos fuera de la institucionalidad y por lo tanto no vinculantes, puesto que una reforma educacional debiera ser materia de ley y en un Estado unitario las leyes se hacen en el Congreso Nacional y no en las oficinas de EDUCA o del Consejo económico y social. En todo caso hay que reconocer la coherencia: centrar los esfuerzos en la educación básica significaba reconocer que en Chile para empacar manzanas, talar bosques, enlatar productos del mar o etiquetar botellas de vino no hace falta mucho más que saber contar, igual en República Dominicana para fregar, limpiar baños u ordenar las habitaciones de los “resort” es suficiente con aprender a obedecer. ¿Alguien escuchó hablar de la educación por competencias?
Respecto de la pensiones y servicios que presta INABIMA, cómo no recordar la desigual lucha que enfrentamos contra el “Quedadito” un muñequito que promovía las AFP y el traslado de quienes tenían sistemas de pensiones “de reparto” con sus fondos al nuevo sistema. El deterioro de las pensiones de los maestros fue tan grande que hasta el abuelo “Wato” que cayó en la trampa neoliberal pudo gracias a la llegada de la democracia retornar al viejo sistema.
Atención entonces, pues las evaluaciones de los organismos internacionales no son prueba de nada, los chilenos tienen en un cuadro las evaluaciones de Francois Delannoy, funcionaria del Banco Mundial (“Education Reforms in Chile: A lesson in pragmatism”. Banco Mundial 2000) que afirmaba que “El resultado es uno de los sistemas educacionales más innovadores, costo eficiente, y comparativamente equitativos entre los países en vías de desarrollo”. Hoy, Chile tiene el sistema educacional más privatizado de los países OCDE, los movimientos sociales de 2005 y 2011 lograron importantes cambios en el modelo tan bien evaluado por el Banco Mundial, la presidenta Bachelet dejó una Reforma Educacional en pleno desarrollo, que el actual presidente Piñera debió apoyar para ganar la segunda vuelta electoral en diciembre. Por supuesto cabe anotarles que otra de las modernizaciones, la Reforma Previsional, tiene en las calles al Movimiento “NO+AFP” intentando evitar lo que ocurriría si las “reformas estructurales” que merodean a INABIMA llegan a realizarse: los fondos previsionales de los maestros pasarán a las AFP, luego los maestros que se pensionen y que el Señor demore en llamarlos a su lado, se quedarán sin fondos y adivine quien terminará pagando una “pensión asistencial”: el Estado, dándole la razón a Chomsky que dice que el neoliberalismo es sólo para los pobres.
Como ven, y para no cansarlos, queda mucha tela que cortar.
