Por Guillermo Cifuentes
“Lo único que no se puede demostrar es lo que no se ha hecho”, Jimmy Fernández Mirabal
Para decirlo en el argot criollo: parece que la situación agarró a todo el mundo asando batatas. El desprecio por la justicia fortalecido con abultadas billeteras y la tranquilidad engañosa que les hacía pensar que en pleno siglo XXI las reglas de la omertá siguen sirviendo de mandamientos para el ejercicio del poder y les permitiría tener a Joao de huésped VIP en Palacio. Aun cuando esto último esté por comprobarse, en Panamá, se ha visto como los proyectos de chivos expiatorios terminan generando nuevas sorpresas.
Como siempre, es necesario conceptualizar. Ya la ciudadanía domina una serie de nuevos términos y, lo peor, los asocia con gobernantes actuales y recientes de nuestra América: soborno, coima, “aporte”, cohecho, corrupción, homologación, expertos, licitación, sobrevaluación, etc. han pasado a formar parte del vocabulario popular.
Estamos ante el desafío de evitar nuevas sorpresas, y la consecuencia más terrible que el tamaño del escándalo podría tener en varios países es que para evitar el escalamiento en las estructuras del poder, se recurra a “la razón de Estado”, ésa que impidió la investigación de los ‘pinocheques”, por ejemplo.
Hay que prevenir, es decir “Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin. Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio.” (RAE)
Veamos primero y como siempre, los contextos. En varios de nuestros países luce que la ciudadanía se hartó, pero las respuestas desde el poder político no son claras respecto a responder de forma inequívoca a la exigencia del fin de la impunidad.
Es posible ver alguna pro actividad en Perú, Panamá y Colombia, algo menos en Ecuador y nada en Venezuela y República Dominicana.
Aquí la salida va a comenzar a dibujarse en la intención declarada y tácita de los gobiernos y de sus gobernantes según se pueda presagiar el nivel de involucramiento de las autoridades políticas en los actos que adornan los titulares de los periódicos.
Si quienes están de verdad interesados en el “Fin de la impunidad” eligen como escenario aquel en el que con más facilidad van a ser derrotados están empujando, igual que los corruptos, hacia la mantención de la impunidad.
No hace falta argumentar mucho, pero aun con los inconvenientes que tuvo el caso en Panamá, donde el candidato a chivo expiatorio se negó a asumir tal condición, se puede prever que en otros países donde los pronósticos apuntan a una lista de sobornados muy transversal habrá que contar con un ángel, que esté dispuesto al sacrificio. Si no quiere, es evidente que habrá que esforzarse en que el contrato sea homologado, dinero hay.
Antes de intentar ver las cosas desde la perspectiva de quienes quieren terminar con la impunidad, es preciso anotar como ganancia el que se haya podido apreciar que los sobornados más empinados son gente de convicciones fuertes. Dígame si para que presidentes negocien y cobren directamente los sobornos no hay que estar absolutamente convencido de que las instituciones democráticas no sirven para nada, de que la justicia -en buen chileno- “vale callampa”. Hasta ahora Toledo resulta emblemático, con su ángel de la guarda que le prestó la cuenta y el dinero “para pagar una hipoteca”. Ladrones, mil veces ladrones.
Imagino que atrincherados como están en la institucionalidad trujillista, buscan lograr en este momento que cuando la lista se haga pública, resulte irrelevante. Para eso tienen sus asesores, jefes y jefas de instituciones públicas que miran para el lado sin sonrojarse porque todavía la ciudadanía no sale a decir sus nombres.
Por si algo más faltara, estamos en República Dominicana, ante una inexistente oposición política jibarizada aun más porque es evidente que la lista vendrá con nombres provenientes también de esos sectores. Tengo la sospecha, y quisiera equivocarme, de que ni las firmas ni las visitas a los juzgados van a ayudar mucho. Les queda como única alternativa la movilización social y política que, no nos engañemos, tampoco es fácil conseguirla en un ambiente bastante complejo: imaginen un movimiento contra la impunidad en la UASD.
Si hay algo que puede observarse fácilmente en los procesos políticos fallidos es la insistencia en que se vale hacer lo que sea, el tristemente célebre “todo se vale”.
La profundidad del daño previsible del escándalo de Oderbrecht, hace que quienes tienen responsabilidades deban afinar la puntería. Aún se está a tiempo de impedir que se salgan con la suya, y que les resulte lo que parecen pretender: llegar al extremo de un país agradecido de Odebrecht, por construir la planta y por devolver el dinero de los sobornos (que debieran devolver los sobornados); una empresa que siga siendo ganadora de cuanta licitación se realice en el futuro y que los que vienen en la lista sean declarados como héroes nacionales por haber conseguido tales ventajas.
