Por Sin Reservas
El Ministerio Público presentó la acusación formal por ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación del caso «Operación Antipulpo», que aparte de las empresas y los once individuos que originalmente lo componían, tiene agregado 16 más y 21 empresas.
El depósito fue realizado por un equipo de fiscales encabezado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien llevó el expediente a la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, que ahora tiene la tarea de designar mediante sorteo el tribunal que conocerá la audiencia preliminar.
Los nuevos son: Rafael D’Oleo, Lib Valenzuela, Paola Molina, Carlos Montes, Víctor Encarnación, Francisco Brea, Rigoberto Alcántara, Carlos Alarcón, Lewyn Castillo, Lina de la Cruz, Antonio Florentino, Pachristy Ramírez, José Genao y María Torres Castellanos.
El amplio expediente probatorio de 3,500 páginas, sobre las múltiples conductas criminales de las que se valió Juan Alexis Medina Sánchez, para crear un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República que encabezó su hermano, Danilo Medina Sánchez., asi como del exministro Donald Guerrero.
«Alexis Medina, principal imputado, logró un alto ascenso económico por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina», se lee en el expediente.
Asimismo revela que Alexis Medina, tuvo de socio en el extranjero, al excandidato presidencial de Guatemala, Manuel Baldizón, procesado en los Estados Unidos por lavado de activos.
Y que Alexis Medina, llegó a pagar a través de deuda pública equipos no entregados, amparado por el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros funcionarios.
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También explica cómo el entramado destinaba fondos para candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo las campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo Terrero. Y utilizaba documentos adulterados y sobrevaluaba medicamentos y equipos.
El depósito, realizado el mismo día que se iba a conocer la revisión de medidas de coerción a la mayoría de los primeros encartados, llevó al Tercer Juzgado de la Instrucción del DN, que hasta ayer fungió como tribunal control de la investigación, a declararse incompetente.
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